En territorio de los Shuar… ¿Se repetirá en Ecuador la masacre de

Perú?  

Por Javier Rodríguez Pardo*

“Los Shuar necesitamos toda la información posible de la minería

transnacional. Los aportes que nos traen ustedes. Saber qué hicieron en

otros lugares. También que nos apoyen, que vengan a la Amazonía, que estén

con nosotros. Este año voy a disponer que en la Amazonía se plebiscite la

minería. Para entonces queremos tenerlos aquí, con toda la información y con

la experiencia que ya tienen.”

Marcelino Chumpí es el primer shuar que preside la Prefectura de Morona

Santiago, cantón Morona de la Amazonía del Ecuador. Con la palabra de este

dirigente de la etnia shuar iniciamos el presente informe, recogido en Macas

(32.000 habitantes), cabecera cantonal y provincial en plena selva

amazónica, en un encuentro internacional donde expusimos nuestra ponencia

sobre “Minería transfronteriza” (En el marco de la OCMAL, Observatorio de

Conflictos Mineros de América Latina, julio 6/9-2009). Marcelino Chumpí

reclama además la participación y apoyo de la comunidad internacional.

La Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) la componen 120.000

miembros de 500 núcleos o comunidades de familias (centros), ubicados en

cinco provincias orientales del Ecuador: Morona Santiago, Zamora, Chinchipe,

Pastaza y Napo. Se constituyó el 22 de octubre de 1964 (acuerdo ministerial

2568) mediante un fuerte rechazo a los tratados de libre comercio y a la

minería mediante un boletín memorable:

” El Consejo de Gobierno de la FICSH acordó lo siguiente:

a) Rechazar la actitud inconsulta, antidemocrática del Gobierno Nacional,

para la firma del TLC.

b) Exigir el retiro inmediato de las compañías mineras que están realizando

explotaciones.

c) No permitir el ingreso de la compañía petrolera en los Bloques 23 y 24.

d) Exigir al Gobierno Nacional que antes de la firma del Tratado de Libre

Comercio se consulte al pueblo ecuatoriano.

e) Continuar solidarios con la Movilización Nacional de la CONAIE

(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) con carácter de

indefinido.

f.) Programar reuniones con el Prefecto de la Provincia y Consejeros, con

los señores Alcaldes, Concejales, con todos los sectores sociales

organizados y convocar a hombres, mujeres, estudiantes y juventud en general

para generar una fuerza de presión para que el gobierno ponga oídos y acepte

la consulta popular.

g) Exigir al gobierno central la asignación de mayor presupuesto para que

cuanto antes, se termine con la construcción de la Troncal Amazónica, la

carretera Macas-Riobamba-Mendéz-Guarrumales, Macas-Macuma-Taisha a Yaupi, y

para la terminación del puente río Pastaza.

h) De acuerdo con el desarrollo del paro nacional, en una forma progresiva

se irán aplicando medidas de hecho como el caso del bloqueo de las

carreteras de nuestra provincia.”

Una de las primeras medidas de la FICSH fue el sistema bilingüe de educación

simultáneamente con el movimiento Pachakutic “para captar espacios de poder

político en funciones públicas”, nos explicaba Jorge Unkuchuc.

El actual presidente de la federación es Pepe Akachú y fue el encargado de

cerrar el encuentro de minería transfronteriza advirtiendo en lengua Shuar

Chicham (común a todos los Jíbaros) que no permitirán “la explotación de la

minería en sus territorios. En los territorios de la Cordillera del Cóndor

somos mayoría shuar y nos opusimos siempre a la minería. Es un área de

conflictos permanentes -dice Akachú- y nunca fuimos consultados. Mediante la

FICSH se quiso suscribir en 1998 un convenio de socialización minera con la

compañía Ecuacorriente y -sentencia de manera amenazante- los dirigentes

fueron destituidos por las bases, en asambleas, y hoy no hay petroleras ni

mineras en territorios shuar”. Además de esta etnia mayoritaria en la región

amazónica, también conviven los achuar, andoas, cofan, huaoraní, kichwa,

sarguro, secoya, shiwiar, siona, zaparo y quijos.

“En 2008 -recuerda el presidente de la FICSH- una compañía estaba operando

sin permiso en el cantón Tiwintsa, sin informe de impacto ambiental, estaban

ilegales -comenta- entregaban arroz y otros alimentos para convencer a los

shuar del lugar. Los expulsamos, como también hicimos en San Carlos de Limón

(cantón San Juan Bosco) donde la compañía Ecuacorriente actuó protegida por

la policía para extraer muestras testigo de yacimientos mineros, pero

impedimos que se las llevaran”.

El mensaje de Pepe Akachú, elegido hace escasos meses presidente de la

federación shuar, concluyó con una fuerte declaración en respaldo de los

hermanos Shiwiar y Awajún (o Aguaruna) , asesinados en la masacre de Bagua,

Perú, el 5 de junio pasado; varias etnias comparten la frontera amazónica:

“Cuando condenamos la masacre -dice Akachú- el gobierno de Correa nos tildó

de guerrilleros y terroristas, que íbamos a defender a nuestros hermanos con

las armas.

“Bien sabemos que fuimos el frente ensangrentado de las guerras

Ecuador-Perú, entre pueblos hermanos, ahora debemos unirnos porque el

enemigo invasor está en ambos lados con gobiernos que piensan igual, que

quieren hacer entrar a la minería y a las petroleras. Nosotros no tenemos

fronteras. Es la misma selva amazónica. El bosque es nuestra madre. Y los

que están de un lado también tienen familia de este otro. Debemos estar

vigilantes. Nuestra selva es pulmón del mundo”.

A raíz de estas exposiciones pero fundamentalmente de observaciones y

diálogos que sostuvimos en Macas con el pueblo Shuar Arutam (Shuar: persona,

Arutam: Dios). aventuramos algunas conclusiones, apoyadas en hechos

históricos y en acciones que se proyectan inevitables:

La masacre de Bagua en la Amazonía peruana

El 5 de junio de 2009 el mundo se conmovió al conocer la matanza de

numerosos indígenas de las tribus Awajún y Wampís y también de Shuar y

Achuar. Miembros de la iglesia salesiana con asiento en el lugar de los

hechos intentaron llegar hasta los aguarunas pero se lo impidió la policía

peruana. Por entonces la zona era un pandemonio de médicos, enfermeras,

periodistas y fuerzas armadas. Las muertes se multiplicaban como reguero.

Al principio se habló de 25 cadáveres de aguarunas y varios de policías. Los

cadáveres de los nativos desaparecieron, ocultados rápidamente por los

represores y arrojados al río, pero se calculan varias decenas de indígenas

muertos. El gobierno de Alan García pretende eludir su responsabilidad, pero

especialistas en el conflicto aducen que “el enfrentamiento se podía haber

evitado si el día anterior el Congreso hubiera tratado el tema de los

decretos y leyes sobre la explotación petrolera y minera en la selva

amazónica” (Testimonio de la Iglesia de Jaén- Marañón, 9 de junio de 2009).

Los aguarunas (awajún) y huambisas (wampìs) fueron perseguidos y huyeron al

verse inferiores a los soldados del gobierno que portaban armas de

repetición de grueso calibre. Parte de las fuerzas que intervinieron

pertenecen a la DINOES (cuerpo policial especializado) en tanto los nativos

portaban sólo lanzas. Catorce indígenas más cayeron en la huida. Un

testimonio de la iglesia de Jaén afirma que muchos cruzaron el río Marañón y

se refugiaron en la parroquia de Bellavista. Otros lo hicieron en las

capillas de las dos Baguas y la mayoría en la espesura amazónica. (Se

contabilizó un centenar de indígenas heridos).

Al día siguiente, 6 de junio, ocurrió la matanza de los policías, entendible

en la cultura de los pueblos jíbaro pues consideran a la venganza como única

forma de “derrotar al espíritu del enemigo y de no ser considerados

cobardes.” Se calcula que con lanzas, exponiendo sus cuerpos, algunos

indígenas alcanzaron a arrebatarle las armas a los policías, porque en las

guerras de Perú y Ecuador supieron como utilizarlas al servir de tropa en

ambos gobiernos fronterizos. El contraataque indígena, la emboscada, es la

excusa de Alan García para tildar las muertes de los policías como el origen

de la matanza. Pero los policías fueron baleados con la misma munición que

portaban para sus fusiles automáticos AKM, que los nativos le arrebataron a

la fuerza, en tanto bombas lacrimógenas y explosivos diversos arrojados

desde helicópteros, abrieron al medio cabezas y rostros indígenas. La

iniquidad de las batallas fue total.

El sacerdote salesiano Juan de la Cruz nos contaba que “la brecha de

desconfianza de los nativos amazónicos hacia el Estado peruano se ha hecho

enorme. Es que la cultura de los pueblos jíbaros Awajún y Wampis es distinta

incluso a la mestiza. Los aguarunas (awajún) tienden manos de amistad y son

agradecidos y muy solidarios pero al sentirse amenazados aflora la

ascendencia de una de las culturas más agresivas de la Amazonía: recién hace

80 años que tomaron contacto con la cultura occidental y menos de 50 años

que dejaron la Tsantsa (práctica de reducir las cabezas de sus enemigos) y

ante la orden del gobierno de desbloquear por la fuerza el paso cortado por

más de 1.500 indígenas de estas comunidades jíbaras, se produjo la masacre.

La acción de los awajún y wampis impedía el paso de transportes por la

carretera Belaunde Terry, en el sector llamado Curva del Diablo, entre

Cajamarca y Bagua en la Amazonía, al norte de la selva peruana.

Acompañados por la Federación de Rondas Campesinas de Jaén había otro

bloqueo de la misma ruta en el cruce de Chamaya, exigiendo plebiscitos, la

derogación de las leyes que entregan los bienes comunes de los pueblos

indígenas y la defensa de la biodiversidad diezmada por petroleras y mineras

voraces. Un mes y medio de protestas con paralización de actividades

concluyó con una de las masacres más aberrantes de pueblos indígenas. En

Bagua, el pueblo soliviantado destruyó el local del partido aprista mientras

otro grupo de indígenas tomaron la estación de bombeo del Oleoducto

Norperuano de Petroperú, con 38 policías rehenes. El ejército rescató a 22

policías con vida, en tanto el gobierno ocultó las cifras de las comunidades

awajún y wampis que cayeron en la fatídica estación 6ª de bombeo. No cabe

duda que el autoritarismo fascista del gobierno aprista de García gobierna

sin razones y con represión violenta.

Una de las partes ignora hasta qué punto hay pueblos que entregarán su vida

en defensa de sus territorios ancestrales. Es responsabilidad del gobierno

saber eso. La cosmovisión indígena de la Amazonía se asemeja en este caso a

la mapuche austral del sur de nuestro continente: “El bosque, los ríos y los

animales son morada de los espíritus y atentar contra el medio ambiente es

atentar contra su religión.” La Pachamama mora en sus montañas, lagos y

ríos. Para los pueblos awajún y wampis la venganza es una exigencia y no

cumplir con ella es olvidar a sus seres caídos. Contraatacan para tomarse

vida por vida, creencia ancestral del pueblo jíbaro guerrero. Reaccionaron

de la única manera que conocen.

En tanto el presidente Alan García los tilda de “perros del hortelano”: que

no comen ni dejan comer, y pone en práctica siete decretos con los que cede

la Amazonía a las corporaciones petroleras, de gas y minerales, pero también

a las madereras y de agrocombustibles. Dijo además que “los ecologistas son

los comunistas de hoy” y que se trata de una conspiración extranjera de

estas organizaciones y de derechos humanos asociadas con los presidentes de

Venezuela y de Bolivia (Hugo Chávez y Evo Morales).

Tales términos nos recuerda a los discursos neoliberales de la ex secretaria

de medio ambiental del gobierno argentino de Carlos Menem, María Julia

Alsogaray, quien no dudaba en tildar a los ecologistas de “agentes sandía”:

verdes por fuera y rojos por dentro; con su mediocridad no le resultaría

difícil calificar de igual modo a la nación jíbara de la Amazonía.

Personalmente creo que se abre un abanico de múltiples acciones donde el

gobierno de Alan García, y él mismo en persona, no las tiene todas consigo.

Sostenemos que la masacre de Bagua, después de haber recorrido e interrogado

a dirigentes indígenas de la región ecuatoriana y a los que ingresaron del

Perú, implica “otro” comienzo, nuevas pautas de relación con los habitantes

de la selva amazónica y mayor trabajo de los docentes y profesionales shuar

que forman parte de sus comunidades. Educadores shuar partícipes del

encuentro transfronterizo de Macas nos agradecieron unas páginas sobre los

métodos extractivos de las corporaciones mineras exclamando: “me acaba de

entregar un rifle”.

Los shuar por ejemplo, apuestan a dominar todos los estamentos del gobierno

del Ecuador y es que crecen a un ritmo vertiginoso. Se preparan, mandan a

sus hijos a colegios y a universidades occidentales, pero no olvidan su

propia lengua y cultura. Muchos ya son reconocidos profesionales; el actual

prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpi, es licenciado en sociología y

ciencias políticas, master en gobernabilidad, manejo de conflictos y

catedrático universitario, preside algunas consultorías y es representante

del Ecuador ante el Fondo Indígena.

Es común que muchos varones tengan más de cinco hijos y más de una esposa;

hemos caminado por Macas con un nativo que nos habló de sus 21 hijos y cinco

esposas. A ese ritmo no será difícil obtener la mayoría a la hora de elegir

representantes. Por ahora la comunidad shuar de Ecuador cuenta con 31

alcaldes y 5 prefectos a nivel nacional, además de 25 juntas parroquiales en

cargos de dominio público, funcionarios, concejalías y diputaciones. Sus 14

nacionalidades se preparan para rechazar más de 200 proyectos

hidroeléctricos concebidos por el gobierno de Correa para la devastación y

el saqueo, 36 bloques petroleros y 842.000 hectáreas en concesión a

trasnacionales mineras.

Exigirán la aplicación real de la Asamblea Constituyente de la que ya se

olvidó Rafael Correa y donde se expresa que la Naturaleza es sujeto de

derecho: “A pesar de Correa lucharemos para impedir la destrucción de

nuestra Amazonía” aseguraba otro ecuatoriano de Saracuse, representante de

Resistencias Populares Indígenas, “exigiremos la inconstitucionalidad de la

ley minera de Correa aunque será sólo con la acción de nuestros pueblos que

podremos abolirla”. El shuar Raúl Petsein dirige los programas de la FICSH;

explicó que “la Federación sirvió para que se reconozca la cultura

transnacional bilingüe, ganar los espacios políticos para obras de

infraestructura, actividades productivas y sostenibles de nuestro territorio

y -recalcó- gracias a eso tenemos un territorio con fauna y flora”.

Los territorios de la Amazonía en manos de los shuar comienzan a labrar otro

destino. El prefecto Marcelino Chumpi, hizo público su compromiso de

plebiscitar la provincia de Morona Santiago para declararla ecológicamente

sostenible. Pidió nuestra participación y que regresemos con toda la

información que tengamos, además de profesionales, ingenieros de minas,

hidrogeólogos, etc., “que nos ayuden a contrarrestar -dijo- la información

tendenciosa de las corporaciones mineras”.

Contigua a Morona y a la provincia de Azuay se halla la provincia de Zamora

Chinchipe, sur oriente de la Amazonía. Es una región montañosa, orografía

que la diferencia del resto de la región amazónica. Salvador Quisphe Lozano

(38 años), es su Prefecto electo (como ya mencionamos). Al igual que Chumpi,

el prefecto zamorano también se recibió de sociólogo, especializado en

idiomas quichua e inglés. Fundó la actual Federación Provincial de Saraguros

de Zamora Chinchipe. Ocupó la presidencia de la Confederación de Pueblos

Quíchuas del Ecuador (1999-ECUARUNARI). Sus discursos en la campaña

electoral se centraron en la defensa de los recursos naturales, sin embargo

algunas posiciones intransigentes lo ubicaron favorablemente en los primeros

planos de la política ecuatoriana.

Salvador Quisphe fue, junto con Antonio Vargas (ex-presidente de la CONAIE),

quien se alzó mediante una revuelta indígena contra el gobierno de Jamil

Mahuad, literalmente entregado a los intereses del Fondo Monetario

Internacional y de la banca ecuatoriana; derrocaron a Mahuad con

movilizaciones indígenas y populares. Más tarde en 2008, Quisphe fue asesor

del bloque de Asambleístas de Pachakutik en la Asamblea Nacional

Constituyente de Montecristi. En todas sus funciones (aún cuando fue

diputado) el electo Prefecto de Zamora manifestó prioridad por la defensa de

los recursos naturales y el medio ambiente de Ecuador.

Es conocido su absoluto rechazo a las transnacionales mineras y por esta

circunstancia soportó la cárcel durante los gobiernos de Lucio Gutiérrez,

Alfredo Palacios y del propio Rafael Correa; gobiernos que cedieron el

patrimonio que guarda el suelo amazónico a la voracidad de las corporaciones

mineras como la Corrientes Resourses o ECSA con el cobre de la Cordillera

del Cóndor, y la Aurelian y IMGOLD con el oro. Salvador Quisphe le ganó las

últimas elecciones a una coalición gestada por el gobierno de Correa con

socialcristianos y empresas mineras.

A propósito promocionó un impactante mensaje preelectoral que supo repetir

ante nosotros en el encuentro transfronterizo de Macas: “Ni al gobierno de

Rafael Correa, ni a las empresas mineras, les interesaba quien ganaría la

prefectura de Zamora Chichipe; lo que a ellos les importaba es que no ganara

Salvador Quisphe porque saben que con un prefecto como yo no será fácil

llevarse nuestra riqueza mediante un puñado de canadienses… La minería a

gran escala no respeta los derechos del agua, los derechos colectivos, los

derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria, el Sumak Kawsay (buen

vivir) y por ello rechazaremos este tipo de minería”. Con Quisphe dialogamos

en Macas sobre el futuro de la región amazónica y las compañías mineras que

ya desembarcaron de la mano del presidente Correa.

De igual modo se expresa Domingo Ankuask. Primero se presenta como shuar y

luego como presidente de la CONFENIAE, Confederación de Nacionalidades

Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Dice que “lasNacionalidades y Pueblos

de la Amazonía rechazan a la minería transnacional a cielo abierto y viven

movilizados en Zamora y Morona Santiago para defender sus territorios

amenazados por los proyectos mineros inconsultos” y que “si las mineras

mantienen a unos pocos asalariados shuar para que dividan a su pueblo y lo

desprestigien con sus posiciones de entrega y traiciones, habemos decenas de

miles de shuar que estamos dispuestos a defender hasta con la vida el

territorio y la cultura de nuestros hijos.

No creemos en las falsas promesas de las mineras y sus testaferros”

Dejamos Macas y la región amazónica con la sensación de haber estado ante

pueblos decididos a todo. De inmediato rondaba la pregunta ¿Se repetirá lo

de Bagua en Ecuador?

Por lo pronto la ley minera de Rafael Correa es una virtual provocación y un

escupitajo sobre la Asamblea Constituyente de Montecristi. Una ley que le

otorga tiempo ilimitado a la actividad minera y múltiples facilidades. Pero

la ley de Correa supera con creces, en leonina, a los decretos de Alan

García que ocasionaron la masacre de Bagua. Hoy las organizaciones sociales,

populares e indígenas la demandan por inconstitucional. La nueva ley minera

que se discute en Ecuador no sólo facilita la actividad de las

transnacionales extractivas sino que delimita zonas de frontera con un

espacio de 40 kms. (y marítimo de 12 millas), donde toda la Cordillera del

Cóndor está sujeta a esta ley de Seguridad Nacional, porque en esas fajas

territoriales clasificadas y hasta secretas se hallan precisamente las

concesiones mineras de Ecuador. La ley por tanto, admite en ellas la

presencia y accionar de las fuerzas armadas por motivos de seguridad

nacional.

Nos preguntamos una vez más ¿Se repetirá en Ecuador la masacre de Perú?

—

* Javier Rodríguez Pardo es ambientalista especializado en minería. Recorrió

la Amazonía ecuatoriana junto con pobladores originarios de la región y

publicó este artículo en el que detalla lo perjudicial que es la Ley minera

promovida por el gobierno.